Una vez más, vuelve al escenario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión relacionada con el uso de obras de creación en establecimientos hoteleros.

En este caso, no en el marco de un litigio entre particulares, como ha sucedido hasta ahora, sino como consecuencia del ejercicio de una acción de responsabilidad de la industria fonográfica contra el Gobierno de Irlanda.

El artículo 97 de la Copyright and Related Rights Act irlandesa dispone que:

«1.- En las condiciones del apartado 2, no se considerará violación de los derechos de autor sobre una grabación sonora, emisión o programa por cable facilitar la escucha o visualización de una grabación sonora, emisión o programa por cable, siempre que se escuche o visualice:

  1. a) en la parte de las instalaciones donde se ofrece pernoctación a los huéspedes o internos, y
  2. b) como parte de los servicios complementarios ofrecidos exclusiva o principalmente a los huéspedes o internos.

2.- No será de aplicación el apartado 1 respecto a la parte de las instalaciones a que se aplica el apartado 1, cuando se cobre un importe específico por la entrada en la parte de las instalaciones en que se escuche o visualice la grabación sonora, emisión o programa por cable.»

Phonographic Performance (Ireland) Ltd., que agrupa a las compañías fonográficas locales, entendió que dicha disposición era contraria al artículo 8.2 de la Directiva 92/100/CEE, luego codificada como Directiva 2006/115/CE, que regula los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Y que como consecuencia de tal disconformidad, en realidad una trasposición no acorde, se había causado un daño al sector que representa. Daño que reclamó basándose en el principio de responsabilidad del Estado miembro definido principalmente por las sentencias Francovich, Brasserie du Pecheur y otras en el mismo sentido.

La High Court of Ireland, que conoce el litigio, planteó al TJUE cinco cuestiones prejudiciales, de las cuales la primera es substancial, mientras que las restantes cuatro dependerán de la respuesta afirmativa o negativa de la primera. En ella se solicita que el Tribunal se pronuncie sobre si el establecimiento hotelero que instala aparatos de televisión o de radio en las habitaciones destinadas a los clientes, y a los que distribuye la correspondiente señal, es un «usuario» que realiza una «comunicación al público» de un fonograma que puede ser utilizado para la radiodifusión. Y a partir de ahí plantea cuatro cuestiones cuya respuesta está condicionada por la respuesta de esta primera.

A lo largo del procedimiento la Comisión Europea, el Gobierno francés y, logicamente, la demandante Phonographic Performance (Ireland) Ltd. se posicionaron a favor de la respuesta afirmativa de la existencia de una comunicación al público, en tanto que los gobiernos irlandés y griego lo hicieron en contra. Sin embargo, respecto de la remuneración, la Comisión se desmarcó, entendiendo que no procedía.

La Abogado General, tras concluir que, efectivamente, nos encontramos ante una comunicación al público, concluye que procede el pago de la remuneración por el establecimiento hotelero pues el artículo 8. 2 de la Directiva 2006/115/CE debe interpretarse en el sentido de que los hoteles que ofrecen aparatos de televisión o de radio en las habitaciones, y a los que hace llegar la correspondiente señal, usan los fonogramas contenidos en las emisiones para una comunicación indirecta al público. Por ello, los Estados miembros están obligados, al transponer la Directiva, a establecer el derecho a una remuneración equitativa a cargo de los establecimientos hoteleros, aún cuando el emisor de radio y televisión ya haya pagado una remuneración equitativa por el uso de los fonogramas en sus emisiones. Incluso, en aquellos casos en los que el hotel ofrece a los clientes en las habitaciones del hotel un equipo reproductor y fonogramas en formato físico o digital que se pueden reproducir o escuchar en ese equipo.


Otra de las cuestiones planteadas se refería a la posibilidad de conceptuar este último tipo de usos como privado, al tener dicho carácter la habitación una vez que el huésped la ocupa, argumento que tampoco convence a la Abogado General, por lo que se decanta por que el Tribunal responda en el sentido mencionado a la High Court.

Habrá que esperar a que el Tribunal sentencie, lo que podemos esperar a partir de mediados de octubre del presente año, pero si acoge la tesis de la Abogado General, la High Court posiblemente no tenga más remedio que condenar al Gobierno al pago de una compensación por los daños causados. No sería ninguna novedad, pues en este sentido la jurisprudencia del TJUE es clara y firme.

En cualquier caso, la simple existencia del procedimiento debe ser un (nuevo) aviso a navegantes gubernamentales, que deberían revisar, y con la necesaria diligencia, si sus legislaciones nacionales cumplen con las directivas o la interpretación que de ellas haya hecho el TJUE, y, en su caso, poner el remedio adecuado, antes de enfrentarse a una acción de responsabilidad de los perjudicados.

Imagen “Hotel Room#2″ por ©MoToMo (creative commons)